Resumen: El auto de admisión cuestiona la naturaleza jurídica del sobrante de las subastas, realizadas en procedimientos de recaudación ejecutiva por deudas tributarias, y el plazo de prescripción para solicitar la devolución del sobrante. Sin embargo, la sentencia constata que el Ayuntamiento dirigió el procedimiento ejecutivo frente a una persona fallecida, conociendo tal circunstancia, sin notificarlo a los herederos y legatarios y, por tanto, sin conferirles el estatus de sucesores tributarios, ni puso el sobrante a disposición de los posibles beneficiarios. Por ello, se concluye que el grado de irregularidades incurridas en el procedimiento ejecutivo es de tal calibre que impide dar respuesta a las cuestiones con interés casacional. Se desestima el recurso de casación preparado por el Ayuntamiento.
Resumen: La sentencia fija como jurisprudencia: (1) El órgano judicial que controla la legalidad de un acuerdo de liquidación ha de analizar, cuando así se denuncie, si el órgano liquidador se apartó de la doctrina administrativa vigente en la fecha de la liquidación y que le vinculaba de conformidad con el artículo 89.1 de la LGT y, a estos efectos, habrá de tener en consideración que el efecto vinculante de las consultas tributarias, ha de producirse en los términos previstos en el art 89 LGT. (2) Con independencia de lo anterior, dado que las consultas a las que se refiere el artículo 89 LGT no vinculan al órgano judicial, por su función constitucional, determinada por los artículos 24 y 106 de la Constitución, deberá entrar a enjuiciar, en todo caso, si la liquidación es o no conforme al ordenamiento jurídico. (3) Reafirmamos la jurisprudencia fijada en nuestras sentencias de 16 y 17 de diciembre de 2019 (rec. 6477/2018, ECLI:ES:TS:2019:4102 y rec. 6274/2018, ECLI:ES:TS:2019:4073) sobre el concepto de "utilización o explotación efectiva" previsto en el artículo 70.Dos de la LIVA con relación a servicios de publicidad, prestados por vía electrónica a través de internet, en el sentido de que la sujeción al impuesto se producirá cuando tales servicios tengan como destinatarios de los mensajes a internautas situados en el territorio de aplicación del impuesto.
Resumen: La administración se funda en que el momento de acompañar los documentos justificativos despues del tramite de audiencia no es procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 96.4 del Real Decreto 1065/2007, salvo que se demuestre la imposibilidad de haberlos aportado antes de la finalización del mismo, siempre que se aporten antes de dictar la resolución, siguiendo a su entender la tesis de la imposibilidad de hacer aportaciones como las hoy enjuiciadas en el recurso no devolutivo ahora considerado. Tal forma de razonar, no es compartida por la Sala a lo largo de diversas resoluciones dictadas al efecto. Efectivamente, conforme establece el artículo 223.4 de la LGT se previene expresamente que, «La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso, sin que en ningún caso se pueda empeorar la situación inicial del recurrente. Por lo tanto, si la Ley General Tributaria establece este criterio, no cabe restringirlo por la razón alegada por la administración en orden a una debida organización del procedimiento, pues, debido a su superior jerarquía normativa, el reglamento deberá estar sometido a lo que establezca la ley y el mismo deberá ser interpretado conforme a lo que la norma de mayor rango impone y no al revés, como parece inferirse del sentir de la administración.
Resumen: Un ayuntamiento no puede practicar y dictar diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera de su término municipal, incluso cuando dicho embargo no requiera la realización material de actuaciones fuera del citado territorio municipal por parte de dicha administración local, siendo necesario, en estos casos instar, conforme al artículo 8.3 del TRLHL, la práctica de dicha actuación a los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma o a los órganos competentes del Estado, según corresponda.
Resumen: La Sala Tercera examina la actuación de las autoridades al adoptar las medidas de retorno al país de origen contempladas en el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno concertado observaron el procedimiento previsto en la L.O. 4/2000, sobre derechos y libertades de los entranjeros en España. La sentencia examina en pimer lugar la naturaleza del citado Acuerdo concluyendo que debe considerarse parte de acervo interno, y añade, que lo ocurrido el 17 y 18 de mayo de 2021 en Ceuta fue grave, pero que la valoración inicial no puede extenderse a los tres meses en lo que concuerne al modo de afrontar la situación de los menores y su retorno final a Marruecos, constando acreditada la falta de procedimiento por las autoridades en todo ese período. El Acuerdo no es norma suficiente para acordar el inmediato retorno de los menores, sino que debe ajustarse también la legislación española en la materia, especialmente en lo atinente a las garantías procedimentales. En el presente caso, la legislación española venía dada por el art. 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y los arts. 191 y siguientes del R. D. 557/2011.
Resumen: El volumen de residuos y el coste de su eliminación o tratamiento constituyen elementos básicos de la tasa por el servicio de recogida, eliminación o tratamiento de residuos, de manera que deben tener el oportuno reflejo en la memoria financiera, a los efectos de garantizar no solo la determinación del coste, sino los criterios de imputación y distribución entre los contribuyentes sobre la base de los principios de capacidad económica, equivalencia y proporcionalidad.
Resumen: Se plantea el tiempo del que disponía la entidad recurrente para efectuar una determinada reinversión. La parte recurrente hace una interpretación interesada de la norma y que se basa en la supuesta interpretación teleológica. La norma establece que el lapso temporal en el que tendrá que hacerse la reinversión: entre el año anterior a la fecha de la puesta a disposición del elemento patrimonial transmitido y los tres años posteriores. Se estima el recurso frente a la sanción puesto que el que la norma incumplida sea clara o que la interpretación mantenida de la misma no se entienda razonable no permite imponer automáticamente una sanción tributaria porque es posible que, no obstante, el contribuyente haya actuado diligentemente, por lo que resultaba absolutamente necesario justificar la concurrencia del elemento subjetivo en la conducta del contribuyente. Insuficiente motivación de la culpabilidad.
Resumen: La resolución del TEAR estimó en parte la reclamación por el concepto de Impuesto de Sucesiones, siendo controvertido principalmente la valoración de las fincas, si se han producido dos adquisiciones hereditarias, dado que el padre y los tíos de la actora habrían adquirido tácitamente los bienes de la herencia de los abuelos de la recurrente, y la valoración de ajuar. En cuanto a la valoración de las fincas, se constata que el perito de la Administración no visitó personalmente las fincas, sin que se motiven los criterios de valoración de las fincas. Respecto de la controvertida existencia de dos adquisiciones hereditarias, es necesario que exista aceptación tácita de los llamados por delación a la herencia, mediante actos concluyentes que revelen de forma clara, precisa e inequívoca la voluntad de aceptar, constando en el caso que los tíos de la recurrente realizaron gestiones interesándose por la situación de la herencia, pero no actos de aceptación de la misma. Finalmente, en cuanto al ajuar doméstico, la valoración del ajuar en el tres por ciento es una presunción "iuris tantum", por lo que los interesados pueden probar su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje, partiendo de la base de que el ajuar sólo incluye los bienes muebles corporales afectos al uso personal o particular, considerando que en el caso se ha desvirtuado dicha presunción por la recurrente, por lo que se estima el recurso.
Resumen: La Administración debe motivar en la comunicación de inicio de procedimiento de comprobación de valores, cualquiera que sea la forma en que se inicie conforme el artículo 134.1 de la LGT, y el medio de comprobación utilizado, las razones que justifican su realización y en particular la causa de la discrepancia con el valor declarado en la autoliquidación y los indicios de una falta de concordancia entre el mismo y el valor real. La consecuencia de su omisión, no puede ser sin más la estimación del recurso y la anulación de la liquidación, sino que dependerá de la actuación que haya desplegado la actora para justificar que la omisión no se sitúa en un plano formal.
Resumen: Improcedencia de la aplicación de valores ya incorrectos y obsoletos a impuestos cuya base imponible se funda en un valor económico acorde con la realidad, lo que determina que el valor ya formalmente desacreditado y reconocido como erróneo por la Administración no pueda servir como base imponible de los impuestos en debate. Remisión a la doctrina sentada en sentencia de 21 de diciembre de 2023, recaída en el recurso de casación 5519/2022.
